La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante "el uso excesivo de la fuerza pública durante las manifestaciones contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario en Argentina".

En ese sentido, instó al Estado para que "respete y garantice los derechos de asociación, reunión pacífica y libertad de expresión, así como la seguridad de quienes participan en las manifestaciones".

Durante el 9 de octubre, la Cámara de Diputados trató el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. En las afueras del Congreso, miles de estudiantes y docentes se manifestaban en contra de la medida presidencial.

"Según reportes recibidos por organizaciones de la sociedad civil, durante las protestas, se observaron incidentes de violencia, que dieron lugar a un operativo de seguridad por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria", señaló la CIDH.

Alli, se registró el "uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, con agresiones físicas y el uso de agentes químicos irritantes a corta distancia. Como consecuencia, al menos 16 personas habrían resultado heridas, entre ellas tres periodistas que se encontraban cubriendo las protestas", consignaron.

También se reveló la participación de policías de civil que se infiltraron en la movilización, y la detención de siete personas, entre las que se destacó un menor de edad que particioaba pacíficamente.

La CIDH y reafirmó que "la protesta pacífica es un pilar fundamental en las sociedades y gobiernos democráticos y que el Estado argentino tiene la obligación de respetar, proteger, facilitar y garantizar los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica".