El Gobierno de Javier Milei envió un proyecto de Ley al Congreso para modificar el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, y permitir la participación de las Fuerzas Armadas (FF.AA) en situaciones que puedan ocurrir dentro del país.

De esta forma, la Administración Libertaria busca quebrar el consenso democrático asumido por la sociedad argentina después de la última dictadura militar, y que le volvió a asignar a las FF.AA su rol histórico de proteger el suelo nacional ante cualquier amenaza externa.

El texto enviado por el ministro de Seguridad, Luís Petri, propone que las FF.AA, trabajen de forma coordinada con las Fuerzas de Seguridad para enfrentar al terrorismo con acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas.

Además, busca habilitar la detención en flagrancia, atribución que la ley actual prohíbe.

Asimismo, la iniciativa habilita que cada jurisdicción tenga la potestad de calificar qué situación se corresponde con un "acto terrorista". Es decir, lo que en una provincia puede ser considerado un delito “común”, en otra puede ser ponderado como terrorismo.

El envío de este proyecto se produce días después que se conoció la visita de seis diputados nacionales de La Libertad Avanza al genocida, Alfredo Astiz, quien cumple su condena por múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983.