La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aceptó la medida cautelar presentada por la CGT, y suspendió la parte del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente, Javier Milei, que incluía una Reforma Laboral.

En el capítulo del DNU en cuestión, se modifica el régimen de indemnizaciones por despido, ampliando el período de prueba hasta los ocho meses -hasta el momento era de tres- e incorporando los bloqueos o tomas de establecimientos como causales de despido por "injuria laboral grave".

Además, hay una virtual eliminación del derecho a huelga, declarando como servicios esenciales a diversas actividades, exigiendo un 50% o 75% de prestación.

Incluye a los servicios sanitarios y hospitalarios; el transporte, la distribución de medicamentos e insumos hospitalarios; los servicios farmacéuticos; la producción, el transporte, la distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica; las telecomunicaciones; los servicios aduaneros y migratorios; y la educación en todos sus niveles, entre tantos otros.

Finalmente, se altera la Ley de Asociaciones Sindicales: las asambleas y congresos no deben perjudicar las actividades de la empresa o de terceros.