El mega DNU impuesto por el presidente, Javier Milei, incluyó una Reforma Laboral que contradice leyes sancionadas por el Congreso Nacional a lo largo de varias décadas.

Obedeciendo hisoricos pedidos de las principales cámaras patronales, se modifica el régimen de indemnizaciones por despido, ampliando el período de prueba hasta los ocho meses -hasta el momento era de tres- e incorporando los bloqueos o tomas de establecimientos como causales de despido por "injuria laboral grave".

Además, hay una virtual eliminación del derecho a huelga, declarando como servicios esenciales a diversas actividades, exigiendo un 50% o 75% de prestación.

Incluye a los servicios sanitarios y hospitalarios; el transporte, la distribución de medicamentos e insumos hospitalarios; los servicios farmacéuticos; la producción, el transporte, la distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica; las telecomunicaciones; los servicios aduaneros y migratorios; y la educación en todos sus niveles, entre tantos otros.

Finalmente, se altera la Ley de Asociaciones Sindicales: las asambleas y congresos no deben perjudicar las actividades de la empresa o de terceros.