Amnistía Internacional exigió la libertad del abogado especialista en derechos humanos, Alberto Nallar; quien se encuentra detenido en Jujuy por orden del Gobierno de Gerardo Morales.

La organización internacional lanzó una "acción urgente global", en la que pide al mandatario jujeño, "poner freno a la violencia, represión y criminalización en la provincia y garantizar y respetar el derecho a la protesta en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos".

Alberto Nallar está con prisión preventiva domiciliaria por 20 días, acusado de sedición. Desde su lugar de detención reafirmó que la reforma constitucional impulsada por Morales viola la Constitución Nacional.

Desde hace varias semanas, se vienen sucediendo masivas movilizaciones en Jujuy de sindicatos, movimientos sociales y comunidades originarias; que piden recomposición salarial y se oponen a la Reforma Constitucional que aprobó el oficialismo de esa provincia en alianza con un sector mayoritario del Partido Justicialista.

Las manifestaciones tuvieron como respuesta del Gobierno jujeño feroces represiones, que dejaron más de 200 personas detenidas y heridos de gravedad.

La consecuencia más grave de las represiones fueron las personas que perdieron la visión de uno de sus ojos por recibir balas de gomas.

Varios testimonios indicaron que la policía disparaba sus rifles con balas de goma a la cara de los manifestantes. Las represiones más violentas se produjeron en Pumamarca, San Salvador de Jujuy y Humahuaca.

Asimismo, en los operativos policiales se identificó a personal de civil llevándose detenidos a manifestantes, en algunos casos realizando allanamientos ilegales sin orden judicial, con vehículos sin patente ni identificación. Además, de policías que se infiltraron en las columnas para lanzar piedras.

El caso más emblemático hasta el momento de la represión en Jujuy, fue la irrupción de efectivos de la Policía provincial en la Universidad Nacional para detener una sesión del Consejo Superior, que debía tratar una Declaración en contra de la Reforma Constitucional.

De esta forma, el Gobierno de Morales violó por segunda vez la autonomía universitaria, que es consagrada por Constitución Nacional, al movilizar Policía provincial en un ámbito nacional.