Jueza que investiga intento de magnicidio a Cristina es empleada del Gobierno de la Ciudad

La jueza federal, María Elena Capuchetti, se desempeña como docente del Instituto Superior de Seguridad Pública (Issp), encargado de formar a los cuadros superiores de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a los funcionarios porteños de esa área.

Dicho Instituto funciona bajo la órbita del Ministerio de Seguridad porteño, a cargo de Marcelo D’Alessandro. Este funcionario debió tomarse una licencia por 90 días tras la divulgación de polémicos chats que compartió con el secretario del juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; y con empresarios que se beneficiaron con contratos con el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Vale recordar que la magistrada tiene a su cargo la causa que investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 30 de septiembre pasado.

El ministro de Seguridad de la Nación, Martín Soria, denunció la incompatibilidad del doble rol Capuchetti como y empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, el funcionario nacional dijo que esta situación deja al descubierto las “relaciones promiscuas” entre Comodoro Py y el PRO.

Según un documento difundido por el Ministerio a cargo de Soria, Capuchetti da clases en el Issp desde el año 2014. Forma parte de los cursos de ascensos de los últimos escalafones de Policía de la Ciudad.

En el informe se detalló que, desde 2017, la jueza federal es investigadora del Observatorio de Políticas de la Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y cobra por esa función actualmente una remuneración de 73.924,23 pesos.

El Issp se creó en 2008 con la llegada de Mauricio Macri al gobierno de la Ciudad Buenos Aires, dentro de la estrategia de conformar la Policía Metropolitana. La antesala de lo que hoy es la Policía de la Ciudad.

Actualmente, el Instituto está dirigido por Gabriel Unrein; mientras que se vicerrector es Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales porteños y uno de los que viajó en octubre pasado a Lago Escondido.

La revelación Soria fue confirmada por un comunicado del propio Issp, que distribuyeron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.

Según Soria, los magistrados solo pueden ejercer la docencia con autorización de las autoridades judiciales que ejerzan la superintendencia –por ejemplo, con el visto bueno de la Cámara Federal porteña–. Eso surge del decreto ley 1285 de 1958, que Capuchetti no cumplió.