El litio es el metal más ligero de todos, y permite el almacenamiento de altas densidades de carga eléctrica en espacios pequeños. Se utiliza para fabricar baterías de computadoras portátiles, teléfonos, cámaras digitales, vehículos eléctricos, marcapasos, juguetes y relojes.

En Argentina, el litio disponible está concentrado mayormente en Catamarca, Jujuy y Salta. En abril pasado se sumó San Juan, en donde trabaja una compañía canadiense.

De las 89 millones de toneladas de litio que se calcula hay en el mundo, Argentina posee 19 millones de toneladas (21%); Bolivia 21 millones (24%) y Chile 9.800.000 (11%). Entre los tres países latinoamericanos, concentran el 56% del litio que existe en el mundo.

En Argentina la regulación de las actividades de exploración, extracción y procesamiento de litio está comprendida dentro tres normativas promulgadas en la década del 90: el artículo 124 de la Constitución Nacional; el Código de Minería; y la Ley N.° 24.196 de Inversiones Mineras.

Según Martín Obaya, director del Centro de Estudios para la Transformación (CENIT) de la Escuela de Economía y Negocios (EEyN) de la UNSAM, “el marco desde el punto de vista normativo en la Argentina es de naturaleza liberal”.

Eso se sustenta en que “para hacer minería en el país se necesitan muchas inversiones y la forma de atraer inversiones es dándole estabilidad a las empresas extranjeras por mucho tiempo”, explicó.

Entonces, “les otorgan un montón de beneficios y las provincias, que son las dueñas de los recursos, no pueden cobrar regalías de más del 3%”, añadió.

Obaya distingue dos visiones distintas en el país para la explotación del litio: la visión “extractivista” limitada a la extracción, procesamiento y exportación del mineral como materia prima; y una visión “industrialista”, que aspira a crear capacidades tecnológicas y productivas locales para utilizar al litio como insumo para la producción de baterías.

“El marco normativo impone muchísimas restricciones para que el Estado pueda hacer políticas públicas de promoción de otras actividades vinculadas a la minería”, advirtió el economista.

Esta situación es distinta en Bolivia y Chile, ya que, al ser considerado como un recurso estratégico, la explotación y producción del litio, cuentan con reglamentaciones específicas para su control.

En Bolivia, y por un proyecto presentado en 2006 por la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Sudoeste Potosino (FRUTCAS), se creó una empresa de propiedad 100% del Estado que se dedicó a la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio.

En el marco del mismo plan, el Estado boliviano recuperó las facultades productivas de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), y Evo Morales promulgó un decreto que declaró como prioridad nacional el Plan de Industrialización de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni.

Este es el principal punto de diferencia entre el caso boliviano y el argentino: desde un principio el litio en Bolivia fue propiedad del Estado.

El camino de industrialización del litio en Bolivia contempló tres etapas. La primera apuntó a los trabajos de investigación y a hacer dos plantas piloto: una de potasio y otra de carbonato de litio. La segunda buscó llevar esas plantas a escala industrial y la tercera previó agregar valor al mineral en una alianza con empresas de alta tecnología.

La primera etapa está concluida; mientras que la segunda quedó trunca mientras duro el Golpe de Estado que inició en noviembre del 2019; y se espera que el actual Gobierno de Luís Arce retome el camino en los próximos meses.

El inicio de la segunda etapa será de importancia para el país sudamericano, ya que actualmente solo produce entre 500 y 600 toneladas, mientras que las estimaciones con la industrial ya en funcionamiento crecen a 15 mil.

En términos económicos, el salto también será exponencial: hoy Bolivia exporta litio por 70 millones de dólares. Mientas que, cuando empiece a funcionar la producción a escala industrial, el Gobierno boliviano estima alcanzar los 1.000 millones de dólares en exportación de litio.