Las privatizaciones no fueron solución y Europa estatiza sus servicios públicos

Potencias europeas avanzaron en los últimos meses con la estatización de sus servicios públicos, principalmente, en los referidos a la energía, luego del fracaso de las privatizaciones.

A contramano, en Buenos Aires siguen los cortes prolongados de luz y las quejas de usuarios contra las concesionarias Edesur y Edenor se multiplican. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) hay gente que no tiene luz ni agua hace varios días, inclusive semanas.

La situación provocó que este miércoles decenas de vecinos se agolpen sobre las oficinas de Edesur pidiendo que las autoridades garanticen una solución a los permanentes cortes.

Vale recordar que el Amba está sufriendo desde la semana pasada una de las olas de calor más importante de los últimos años.

Esta crisis energética ya golpeó a Europa, sobre todo a partir de la guerra en Ucrania que comenzó el año pasado; y las privatizaciones de los servicios públicos demostraron que no fueron una solución.

Por ello, el gobierno del Reino Unido nacionalizó temporalmente al proveedor de gas y electricidad Bulb a medida que se profundice la crisis energética, esta es la primera nacionalización forzada de una empresa británica desde la crisis bancaria de 2008.

El gobierno y el regulador de energía Ofgem garantizarán un suministro ininterrumpido a los 1.7 millones de clientes de Bulb mediante el nombramiento de un administrador especial. Los costos de funcionamiento del séptimo minorista más grande serán financiados por el Tesoro.

En el mismo sentido, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, decidió avanzar en la nacionalización total de Electricité de France (EDF), la principal empresa del sector en el país.

La primera ministra Elisabeth Borne aseguró que el Estado pasará a monopolizar la producción de energía, después de que el Parlamento Europeo avalara la clasificación del gas y la nuclear como energías sostenibles. EDF tenía una deuda de 43.000 millones de euros.

Borne confirmó “la intención del Estado de poseer el 100% del capital de EDF", de cara a "reforzar su capacidad para llevar a cabo lo antes posible proyectos ambiciosos e indispensables para nuestro futuro energético".