La Justicia ordenó el secuestro de documentación en oficinas de Edesur, la empresa que concesiona la energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). También se pidió la prohibición de la salida del país para los principales accionistas de la compañía.

La primera medida judicial es en el marco de la denuncia realizada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires "entorpecimiento de servicios públicos".

Mientras que la segunda fue solicitada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) en el marco de la denuncia por "malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas".

Ambas presentaciones fueron realizadas luego de los constantes y prolongados cortes de luz que se sucedieron en el Amba en las últimas semanas.

Quien solicitó el secuestro de documentación es el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien está subrogando el Juzgado de Lomas de Zamora.

El magistrado busca información sobre cómo se comunicaron los cortes entre distintos organismos vinculados al sector energético, por ejemplo, entre Edesur y Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), y cómo fue también la comunicación interna de la empresa.

Kreplak también requirió al Enre el envío del marco normativo de la concesión a Edesur y un informe "explicando de acuerdo a las concesiones, cuáles son los roles y funciones" de empresas como Cammesa, Sacme, Edenor, Edesur y el grupo Enel, propietario de esta última.

Por su parte, en los tribunales federales de Retiro se tramita la denuncia realizada por el titular del Enre, Walter Martello.

El funcionario amplió su denuncia y solicitó una medida cautelar para prohibir la salida del país de Juan Carlos Blanco, Francesco Tutoli, María Alejandra Martínez, Víctor José Díaz Bobillo, Mónica Diskin, Giovanni Zanchetta, Jaime Barba, Alejandro Martínez y Valter Moro, los principales directivos de Edesur.