Mendoza es otra provincia que cajoneó un proyecto de Ley para proteger sus humedales. Es que el Gobierno, a cargo de Juntos por el Cambio, prioriza el uso intensivo del agua para las actividades agrícolas.

Según datos oficiales, la agricultura recibe el 81% del agua disponible en toda la provincia de Mendoza. Mientras que el consumo humano solo representa el 11% del uso total del agua mendocina.

La provincia de la región cuyana del país, se caracteriza principalmente por la producción vitivinícola. Pero también existen grandes producciones de olivicultura, frutihorticultura y apicultura.

Estas actividades se llevan adelante en los denominados oasis mendocinos, donde se realiza un uso intensivo del agua en las cuencas Norte, Valle de Uco y Sur, dejando sin caudal a los humedales.

Situación similar se vive en Corrientes, otra provincia gobernada por Juntos por el Cambio. Allí las dos actividades productivas fundamentales promovidas por el poder económico y político de la provincia son la forestal y la arrocera.

Ambas actividades, al igual que en Mendoza, necesitan de un uso intensivo del agua que es sacada de los Esteros del Ibera. Ese ecosistema es parte del Acuífero Guaraní, el principal reservorio de agua dulce del mundo.

En las últimas semanas impactaron las imágenes de ríos totalmente secos debido a diques y terraplenes construidos de manera ilegal por productores arroceros. El año pasado, Corrientes sufrió los peores incendios de su historia, que se consumieron más del 15% de su territorio debido, en gran parte, al consumo del agua del Ibera que demanda la actividad forestal.

Tanto Mendoza con Rodolfo Suarez, como Corrientes con Gustavo Valdés, son gobernadas por la Unión Cívica Radical. Ambos mandatarios son aliados del PRO a nivel nacional.